En la denuncia dirigida al Auditor Superior de la Federación, licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, los legisladores de ambos partidos precisaron que los municipios afectados son Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca, Juárez, Allende, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.
La denuncia también es por llevar a cabo en forma injustificada el requerimiento, embrago y ejecución de las cuentas bancarias de dichas municipalidades, lo que contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislaciones aplicables.
Por el PRI firmaron los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinosa Eguía y José Luis Garza Ochoa.
Mientras que por el PAN firmaron los diputados Héctor Israel Castillo Olivares, Wendy Maricela Cordero González, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Víctor Manuel Pérez Díaz y Pedro Salgado Almaguer.
Los legisladores denunciaron que los actos de García Sepúlveda incurren en la ilegalidad y son efectuados en forma dolosa, arbitraria y temeraria con fines meramente políticos contra dichas municipalidades.
En la denuncia se explica que la transferencia de recursos públicos que no se ha realizado, corresponden a aportaciones federales del Ramo 33 de infraestructura, así como del FORTAMUN relativos a la seguridad.
Asimismo, mencionan que el denunciado, requirió el 31 de octubre a los municipios, el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto de impuesto sobre nóminas y el 3 de noviembre ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques, inversión y fideicomisos, así como cajas de seguridad de las municipalidades.
En la denuncia se señala que estos hechos dejaron arbitrariamente a los mencionados municipios, en un estado de inoperancia y sin posibilidades financieras para satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Ante ello, los legisladores federales, solicitaron a la Auditoria Superior de la Federación emprenda la correspondiente revisión a los actos irregulares del gobernador nuevoleonés y que derivado de esto, presente un informe al Órgano Legislativo Federal para que se promuevan las acciones legales que correspondan al caso y se finquen las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar.
